
La Fiscalía entra en los despachos profesionales

Tras la denuncia de dos concejales socialistas, la Fiscalía de Madrid presenta una querella contra el alcalde y el concejal de Urbanismo por un posible delito contra la ordenación del territorio. Eduardo Fernández y Fran Funes niegan cualquier ilegalidad y acusan al PSOE de verter infamias. La ejecutiva socialista critica la reacción y pide explicaciones. El alcalde asegura en el pleno que no firmó el decreto el día que se indica.
“El alcalde de Villanueva del Pardillo tendrá que declarar por un delito contra la ordenación del territorio”, titulaba la web de la Cadena Ser el 7 de febrero. La Fiscalía Provincial de Madrid interpuso la querella contra el alcalde, Eduardo Fernández, y el concejal de Ordenación del Territorio, Fran Funes, por haber incentivado presuntamente el uso como vivienda de locales que sólo tenían licencia para convertirse en despachos profesionales. Medios como La Vanguardia, La Razón y Telemadrid también se hicieron eco de la noticia de EFE. La querella fue interpuesta ante el juzgado decano de San Lorenzo de El Escorial a raíz de una denuncia de dos concejales socialistas a la que siguieron once más.
“Ilícito propósito”
La querella se basa en el «ilícito» uso de locales como viviendas cuando en realidad solo disponían de licencia para convertirse en despachos profesionales. La querella recuerda que el alcalde, que ejerce dicha función desde el 15 de junio de 2019, asumió las facultades de dirección y organización de la gestión de los asuntos de urbanismo. Así, mediante Decreto de fecha 4 de marzo de 2021, impuso su “ilícito propósito” de incentivar y tolerar, “por la vía de hecho”, que, tras las correspondientes licencias de adaptación de locales comerciales a despachos profesionales sin atención al público en el municipio, sus propietarios destinaran tales locales a uso real de vivienda, “sin la preceptiva licencia de primera ocupación que amparara dicho uso, o declaración responsable al efecto”.
Denuncias obviadas
Según el escrito de la Fiscalía, pese a recibir múltiples denuncias de particulares y grupos políticos municipales al respecto, “y pese a la constancia por informes técnicos municipales de la imposibilidad legal de dicha transformación”, se decidió no efectuar inspecciones a los locales readaptados como viviendas, “que son preceptivas”, ni incoar los expedientes de Disciplina Urbanística, tanto sancionadores como de restitución de la legalidad urbanística.
Metros edificables
La querella dice que los servicios técnicos informaron que los planes urbanísticos de cada sector establecen una serie de metros edificables para cada uso y en cada parcela “que no pueden superarse”, y que cuando los promotores construyen las viviendas, “normalmente consumen los metros de uso residencial, por lo que no pueden incluirse nuevos metros de este uso en esas parcelas, conforme a la normativa urbanística de aplicación vigente en la actualidad”.
“Mentiras y difamaciones”
Un día después el Ayto. salió al paso y publicó en sus medios oficiales un comunicado de Eduardo Fernández y Fran Funes en el que tildaban el asunto de “infamia vertida” desde el PSOE. “Aquellos que no pueden ganar en las urnas intentan hacerlo con mentiras, difamaciones y noticias falsas”. Señalaron que se habían enterado por los medios, que no tenían
que durante esta legislatura no se había propiciado ni consentido ninguna ilegalidad” y que las normas urbanísticas seguían la legalidad y los informes de los técnicos.
Dictámenes técnicos
El comunicado, que se refirió a las numerosas conversiones de locales en despachos profesionales durante los últimos años, acusó al PSOE de cometer un acto sucio contra sus personas y contra el pueblo. “Concluimos mandando un mensaje de tranquilidad. Aseguramos que se está actuando con toda legalidad y siempre bajo los dictámenes de los informes técnicos y jurídicos”. Las reacciones a la noticia en las redes fueron numerosas. Varios vecinos denunciaron que la página de Facebook municipal restringió comentarios incómodos.
Carta abierta
El Secretario General del PSOE pardillano respondió con una carta abierta ante el “ataque” del alcalde. Peter Hauschild, que mostró su sorpresa por la noticia y por la reacción del regidor, señaló que el PSOE no había publicado nada en redes por respeto a las actuaciones de la Fiscalía y a la presunción de inocencia. Negó filtración alguna y criticó “la retahíla de acusaciones fuera de tono. Ante la gravedad de los hechos, el alcalde está intentando esconderse arremetiendo contra lo primero que se le pone enfrente”.
Explicaciones
La formación pidió al regidor que demuestre ante los vecinos y si procediera ante la Fiscalía “que los cientos de locales convertidos en viviendas están perfectamente amparados por la ley y que se han seguido los más exhaustivos procedimientos e inspecciones técnicas para que sean oficialmente habitables”. Le pidió, además, que demuestre que ha evitado cualquier conflicto de intereses, aludió aspectos técnicos de los locales y preguntó por la respuesta de las compañías de seguros en caso de siniestro.
“No firmé ese día”
“Ante la gravedad” del asunto, Justo Sanz (PP) preguntó en el pleno de febrero si el Ayto. había recibido alguna solicitud de la Fiscalía al respecto. Fran Funes contestó que sí. El alcalde afirmó que él no había firmado el decreto el 4 de marzo de 2022. “He pedido un certificado de los decretos que firmé ese día y los del mes de marzo. Ustedes -dijo a los concejales- pueden ver en el libro de decretos que yo no firmé el día 4 ese decreto”.
Denuncia
Fernández avanzó que algún concejal socialista se iba a sorprender al ver que tiene que ir a declarar. “A partir de ahí se podrá demostrar que de mejor o peor manera” él y su concejal sí hicieron su trabajo. “Daremos cara y transformaremos la situación”, indicó.
Intervención
A pregunta de Carlos Molina (PSOE), Fran Funes dijo en el mismo pleno que el Ayto. atendió el recurso que presentó un vecino por un despacho de la calle San Francisco de Sales utilizado como vivienda. Al día siguiente, según explicó el concejal, hubo una inspección de la Policía Local con su correspondiente parte, días después el vecino se reunió con un técnico, que hizo un informe, y este vecino decidió no continuar con el recurso administrativo.